JOSÉ TUVILLA RAYO, miembro del equipo pedagogico del Centro Internacional de Formación en la Enseñanza de los Derechos Humanos y la Paz (CIFEDHOP) de Ginebra.

La pobreza puede ser en sí misma una violación de numerosos derechos humanos básicos. La falta de desarrollo, la pobreza estructural, la desigualdad socioeconómica, la discriminación de género, la degradación medioambiental, la globalización de la economía y la persistencia de regímenes totalitarios constituyen algunos de los factores de riesgo para el estallido de conflictos armados y la consiguiente violación de los derechos humanos de la población. Pese a los tratados internacionales que salvaguardan el respeto a los colectivos más vulnerables- mujeres, niños y ancianos- la realidad arroja cifras crecientes de refugiados, desplazados internos y personas que ven vulnerados sus derechos más elementales.. El respeto de las convenciones internacionales que protegen los derechos fundamentales es el paso previo para asegurar una vida digna a todos los seres humanos y un Estado del bienestar donde el disfrute de los derechos básicos de las personas sea una realidad, más allá de las meras declaraciones efectuadas desde 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

            En la Declaración sobre el derecho al desarrollo de 1986 la organización de las Naciones Unidas reconoce que en el mundo se producen constantes violaciones masivas de los derechos humanos, que afectan tanto a individuos como a los pueblos. Estas situaciones son el resultado de fenómenos como el neocolonialismo, las diversas manifestaciones de racismo y discriminación racial, la dominación y la ocupación extranjeras de territorios, la agresión y las amenazas contra la soberanía nacional. Estos y otros problemas como la negación del derecho de los pueblos a la autodeterminación y  al desarrollo sin injerencia exterior,  así como todas las formas de esclavitud, la carrera de armamentos, el deterioro medioambiental, la deuda externa y la extrema pobreza constituyen las principales barreras para la realización efectiva del derecho al desarrollo y  la paz.

      Como afirma Mariano Aguirre[1] la pobreza no es un problema individual o familiar ni está relacionada con peculiaridades culturales de determinados países. Es una consecuencia de estructuras y procesos económicos, de formas de distribución de ingreso, de la mayor o menor cantidad de servicios que ofrece el Estado, de la cantidad de empleo que se crea, de la relación entre la población y el medio ambiente, y del grado de estabilidad y paz o inestabilidad y conflicto armado que existe. Hay un vínculo entre pobreza y conflicto, pero es la injusticia la causa principal de los conflictos. Las estructuras sociales, económicas y políticas que mantienen el dominio de un grupo sobre otro, negándoles los derechos económicos, sociales y políticos más básicos, ejercen  “violencia estructural”. Esta situación crea un terreno fértil para la violencia y la violación de los derechos. Como afirma

            Pese a los grandes esfuerzos realizados desde 1986 hasta el presente, esos obstáculos aún persisten, agravados por situaciones nuevas como la globalización de la economía. Esta ha forzado a muchas personas a emigrar a otros lugares en busca de una vida mejor, lo que ha provocado la disolución de la familia, el fenómeno de las personas sin hogar, mayor pobreza y miseria. En 1993, alrededor de 100 millones de personas se vieron forzadas a vivir fuera de sus países de origen.

            La modernización de la economía en muchos países ha ido acompañada de duros ajustes estructurales, que  han motivado levantamientos sociales por causa del alza en los precios de los alimentos o del transporte. En otros casos, se ha producido una crisis de identidad, que ha impulsado a la población a aferrarse a un conjunto de valores (religiosos, étnicos o culturales) y a resistirse frente a la rapidez de los cambios sociales o políticos, trayendo consigo convulsiones y los brotes de violencia de los últimos años. Muchas de las disputas de origen étnico han desembocado en guerras particularmente implacables. En 1996, se produjeron 27 conflictos armados de alta intensidad,* cifra inferior a los 30 registrados en 1995 y a los 36 de 1989

        
    Tales conflictos, a  diferencia de antaño, no se han traducido en batallas formales entre ejércitos, sino que han involucrado a grandes grupos de población civil, que han ejercido elevados niveles de violencia colectiva. Según la ONG británica OXFAM, el 90% de las víctimas de guerra son civiles y el 50% de ellas son niños.[2] Además, esos conflictos, por otra parte, tienden a ser de larga duración. De los 27 conflictos de alta intensidad activos en 1996, 22 de ellos tenían su origen en un período anterior a 1989.[3]

            La Declaración sobre el derecho al desarrollo de 1986, representó una etapa importante hacia una definición completa de la noción global de los derechos humanos. Pero con la nueva era iniciada tras la caída del muro de Berlín y los profundos cambios que se están produciendo en el mundo se ha puesto de manifiesto que  las graves desigualdades, tanto en el interior de los países como entre las naciones, son causa de numerosas tensiones sociales. Además, los  conflictos  estructurales se agravan e impiden que las personas se desarrollen plenamente y alcancen una calidad de vida digna y se satisfagan las necesidades humanas básicas. Como escribió en 1992 el antiguo Secretario General de la ONU, Boutros Boutros-Ghali, "la dignidad humana plena significa no sólo la libertad de no ser sometido a torturas, sino también la libertad de no morir de hambre".

DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO SOCIAL

            El derecho al desarrollo es a la vez un derecho humano individual y colectivo que tiene una estrecha relación con el conjunto de derechos humanos, que comprenden tanto los derechos civiles y  políticos como los culturales, sociales y económicos. El derecho al desarrollo no es sólo un derecho fundamental, sino también una necesidad esencial del ser humano, que responde a las aspiraciones de los individuos y de los pueblos a asegurarse en mayor grado la libertad y la dignidad. El goce de todos los derechos constituye a la vez la condición y la finalidad del derecho al desarrollo. Esa relación quedó reflejada en la Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobado en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en junio de 1993, que proclama que "la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamen–tales son interdependientes y  se refuerzan entre sí"

            Por una parte, hace más de 50 años la Carta de las Naciones Unidas reconoció la vinculación entre el desarrollo social y la justicia social como elementos indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad en el interior y entre las naciones. Por otra, la Declaración de Copenhague sobre el Desarrollo Social, fruto de la Cumbre celebrada en 1995, subrayó que el desarrollo económico y social, así como la protección del medio ambiente son componentes del desarrollo humano sostenible y que las personas pobres deben tener el poder necesario para utilizar de modo sostenible los recursos ambientales para satisfacer sus necesidades más inmediatas y evitar el sufrimiento humano. 

       

     Pese a la existencia de abundantes instrumentos internacionales para la protección de los derechos humanos, la realidad de los hechos exige un análisis de los problemas actuales que impiden su plena realización y la consecución de un mundo en paz. Según la opinión generalizada de muchos analistas internacionales, "la paz no es la simple ausencia de guerra". La paz, en su concepción positiva, implica la construcción de la justicia en las relaciones entre las sociedades y el reconocimiento de la igualdad de todos los pueblos y culturas. También es sinónimo de respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, de la libre determinación de los pueblos, de bienestar y desarrollo, no sólo económico o social, sino esencialmente humano. El reconocimiento del desarrollo como un derechos de las personas y de los pueblos tiene implicaciones políticas y económicas profundas

            Si bien la paz entraña un proceso progresivo de justicia y de respeto mutuo entre los pueblos, destinado a garantizar la construcción de una sociedad internacional en la que cada cual pueda gozar de los recursos que le corresponden, como se recoge en el artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la negación de tales derechos engendra, inevitablemente, violencia. Ésta se manifiesta, bien a través de convulsiones sociales y  enfrentamientos armados o a través de la persistencia de graves conflictos estructurales. Por ello, el respeto de los derechos humanos resulta esen–cial para una paz enraizada en el progreso y el desarrollo social y económico.

CONFLICTOS ESTRUCTURALES Y CONFLICTOS ARMADOS

            Alcanzar las metas y los objetivos de un desarrollo sostenible y social, centrado en los seres humanos, requiere constantes esfuerzos para reducir las principales fuentes de inestabilidad social en todo el mundo. Estos esfuerzos deben realizarse en los planos nacional, regional  e  internacional para superar los obstáculos que amenazan gravemente la salud, la paz, la seguridad y el bienestar de millones de seres humanos.

            Si la primera mitad  del siglo XX se caracterizó por un mundo convulsionado por dos grandes guerras, cuyo resultado fue la bipolarización ideológica y  geopolítica. El fin de la guerra fría trajo esperanzas de un mayor respeto por los derechos humanos, la paz y el desarrollo. La realidad ha sido muy distinta. Nuevos conflictos han emergido: millones de personas han visto destrozadas sus vidas por las guerras, el odio étnico, la intolerancia religiosa o la persecución por razón de su sexo.

            Asimismo, los países desarrollados han perdido la influencia que en otra época ejercieron en la escena política internacional, así como la capacidad y  el poder en la toma de decisiones sobre comercio y finanzas internacionales. Las instituciones financieras internacionales -y una nueva organización del comercio mundial-, la OMC, han asumido papeles más importantes en los asuntos mundiales, pero no han sido capaces de poner  freno al deterioro económico en los países sumidos en crisis, ni mucho menos de distribuir equitativa–mente los costes sociales y financieros del saneamiento de sus economías nacionales.

            La tendencia hacia la globalización, consecuencia del aumento de la movilidad humana, el progreso de las comunicaciones, el gran aumento del comercio, las corrientes de capital y los avances tecnológicos  exige un rápido proceso de cambio y  ajuste, que se ha visto acompañado de un aumento de la pobreza, el desempleo y la desintegración social. De este modo, se globalizan  ciertas  amenazas al bienestar humano, como el deterioro medioambiental.

          

  Según el Informe sobre desarrollo humano 1997, del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), a menos que se gestione cuidadosamente la globalización de la economía, los países pobres y sus habitantes quedarán cada vez más marginados. Las pérdidas anuales de los países en desarrollo, como consecuencia del desigual acceso al comercio, el trabajo y las finanzas, se han estimado en unos 500.000 millones de dólares, 10 veces lo que reciben en ayuda externa.

  

          En la actualidad, la preocupación por la seguridad nacional o militar de los territorios "soberanos" ha pasado a un segundo plano ante una seguridad humana amenazada por los factores de riesgo antes mencionados. Si en la segunda mitad del siglo XX, el mundo vivió progresos materiales sin precedentes, sus beneficios no se han distribuido equitativamente. Las diferencias entre los ciudadanos ricos y los pobres se han ampliado extraordinariamente en los últimos años. Asimismo,  la persistencia de la pobreza, exacerbada por el aumento de las tasas de desempleo en todo el mundo, ha hecho abrigar  dudas respecto a la posibilidad de mantener el progreso material en el próximo siglo.

  

          Según el Informe de UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) sobre el progreso de las naciones de 1997, la ayuda oficial al desarrollo concedida por los países industrializados se encuentra estancada, con un promedio descendente próximo al 27% del Producto Nacional Bruto conjunto, el nivel más bajo desde 1950. También indica que las guerras actuales resultan doblemente destructivas, al devastar vidas y sociedades completas, que hacen precisa una reasignación de recursos que podrían destinarse al desarrollo a largo plazo. En un mundo que gasta más de 800.000 millones de dólares anuales en programas militares- suma que equivale a los ingresos de casi la mitad de la población mundial- 1.000 millones de  personas carecen de los servicios de salud básicos; un adulto de cada cuatro es analfabeto; y la quinta parte de la población mundial se queda sin comer cada día. Esto ocurre pese a que desde 1987 los gastos militares a nivel mundial disminuyeron a una tasa del 3,6% anual, lo que redundó en un hipotético "dividendo de la paz" acumulativo de 935.000  millones de dólares entre 1987 y 1994.

             Durante el último decenio, gran parte de la ayuda al desarrollo ha tenido que ser desviada hacia la asistencia para emergencias, resultando escasa en relación con las necesidades de la población. La asignación de recursos para el mantenimiento de la paz y las contribuciones para ayuda humanitaria de emergencia se ha quintuplicado, desde menos de 2.000 millones en 1985 hasta casi 10.000 millones en 1994, como resultado de la proliferación de los conflictos bélicos, que han tenido un efecto devastador en la población civil, especialmente en los niños. No obstante, pese a este marcado incremento, las contribuciones a las agencias especializadas de las Naciones Unidas para ayuda de emergencia han registrado un promedio del 28% por debajo de la demanda de fondos.

            Desde 1990 se han librado 93 guerras en 70 Estados, que han matado a 5'5 millones de personas.[4] La guerra y las revueltas políticas han desgarrado países enteros, desde Bosnia y Camboya hasta Ruanda y el antiguo Zaire. Según UNICEF, "a finales de 1995, los conflictos cumplían más de 30 años en Angola, 17 en Afganistán, 11 en Sri Lanka y 7 en Somalia". Además, la violencia afecta a cantidades cada vez mayores de niños y niñas. En las guerras del siglo XVIII,  XIX y princi–pios del XX, sólo la mitad de las víc–timas eran civiles. En los últimos decenios de este siglo, la población civil ha pasado a ser el principal objetivo de los combates.[5]

            Millones de niños y ni–ñas padecen los efectos de las gue–rras, desde el momento en que los recursos se destinan a la compra de armamento en lugar de invertirse en el desarrollo. Una de las realidades más preocupantes es que la mayoría de las guerras han tenido lugar precisamen–te en países frágiles o en desarrollo. En 1996 hubo 27 conflictos armados de alta intensidad en 24 localidades (territorio de al menos un Estado).[6] Se constata así que la pobreza y la falta de desarrollo alimentan la escalada de las hostilidades, y que las mejoras en áreas tales como la nu–trición, la salud, la educación, el agua potable y la planificación familiar son piezas clave para reducir las causas subyacentes de las guerras.

        

    Una de las características de los actuales conflictos armados es que la mayoría no tiene lugar entre Estados sino en el interior de los mismos, lo que pone en  cuestión el derecho internacional relativo a la guerra. Según un informe reciente de Naciones Unidas, desde 1970 se han librado más de 30 guerras en África, la mayor parte de las cuales se han originado en el interior de los Estados. Sólo en 1996, 14 de los 53 países de África fueron víctimas de conflictos armados, que causaron más de la mitad de las muertes relacionadas con actos de guerra de todo el mundo y generaron más de ocho millones de refugiados, desplazados y repatriados. Las consecuencias de esos conflictos han socavado gravemente los esfuerzos de ese continente por lograr la estabilidad, la prosperidad y la paz duraderas para sus pueblos.

            La fragilidad de los poderes institucionales, en muchas ocasiones herencia del colonialismo (que impuso estructuras occidentales sobre las autóctonas), así como de gobiernos corruptos y autoritarios ha sido incapaz de asegurar el bienestar y la seguridad de los ciudadanos. Este factor, unido a los conflictos de intereses entre grupos rivales, en Estados con gran heterogeneidad étnica o religiosa, el nacionalismo extremo o la agudización de los problemas económicos son algunas de las causas de las guerras modernas. Estados  que se desintegran bajo la presión de conflictos internos, a menudo avivados durante muchos años por potencias externas. En estos conflictos se ha producido una violencia sistemática, y los civiles han quedado atrapados entre dos fuegos, muchas veces víctimas de abusos contra los derechos humanos por parte de ambos bandos. Han supuesto la ruptura de la autoridad del Estado, y por lo tanto que no hubiera nadie a quien pedir protección. Han convertido la supervivencia en una cuestión de suerte, no de derecho, y en muchos casos la única oportunidad de conseguir la seguridad ha sido la huida.

            Se ha puesto en evidencia las grandes fracturas abiertas después de la guerra fría, que dibujan un mapa de seguridad internacional basado en factores económicos, demográficos y medioambientales. En la actualidad, estas cuestiones son consideradas tan importantes para el bienestar de los pueblos, como la protección frente a ataques exteriores que fundamentó la seguridad nacional tradicional. El riesgo de un desastre económico o medioambiental supone una amenaza para la seguridad de los países de la misma forma que las guerras. Por ello, el concepto de seguridad nacional no es válido para dar respuesta a las nuevas divisiones del mundo,  y es necesaria su sustitución por el de "seguridad humana". Este concepto no sólo se basa en el desmantelamiento y la reconversión de la capacidad bélica de los Estados en pro de la paz, sino también en la reorientación de las políticas y  las economías hacia un desarrollo humano fundado en la sostenibilidad ecológica. Como menciona el informe del PNUD 1994: “La batalla por la paz debe librarse en dos frentes. El primero es el frente de seguridad, en que la victoria significa libertad respecto al miedo. El segundo es el frente económico y social, en que la victoria significa libertad respecto de la miseria. Sólo la victoria en ambos frentes puede asegurar al mundo una paz duradera...(::).”

            El derecho al desarrollo tiene importantes implicaciónes en la prevención de los conflictos armados y en la erradicación de los conflictos estructurales, cada vez más globales, que afectan a muchos países en el mundo. Esos conflictos son la causa de que unos 1.300 millones de personas sobrevivan con menos de un dólar por día, que casi 1.000 millones sean analfabetas o que una cantidad similar de seres humanos carezcan de acceso al agua. Según el Informe sobre Desarrollo Humano 1998, alrededor de 1.000 millones de personas son "desesperadamente pobres". Se estima que casi un tercio de los habitantes de los países menos desarrollados, la mayoría de los cuales vive en el África subsahariana, no alcanzarán los 50 años de edad, mientras que en regiones como Asia Oriental y el Caribe se han dado avances significativos, con una esperanza de vida cercana a los 70 años.[7] El Informe de la UNTACD (Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), menciona que cincuenta países en desarrollo, cuyo crecimiento económico y nivel de desarrollo son negativos, sufren disputas políticas y civiles, frecuentemente asociadas con conflictos armaados, desplazamientos masivos de población, severas perturbaciones socioeconómicas y la ruptura de los instrumentos de gobierno.

EL  ROSTRO HUMANO DE LOS CONFLICTOS: NIÑOS, MUJERES Y REFUGIADOS

            Entre los grandes objetivos que los Jefes de Estado y de Gobierno se propusieron con motivo de la Cumbre sobre Desarrollo Social, plasmados en la Declaración de Copenhague, se encuentran: promover el respeto universal, la observancia y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo. Se incluyen también la  promoción del ejercicio efectivo de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones en todos los niveles de la sociedad, la defensa de la igualdad y la equidad entre el hombre y la mujer, la protección de los derechos de los niños y los jóvenes y el fortalecimiento de la cohesión social. Han de realizarse grandes esfuerzos para alcanzar estas metas en un planeta en el que las violaciones de derechos humanos son constantes.

            Según el Informe de Amnistía Internacional 1998, "en más de 120 Estados existen legislaciones que establecen el derecho a ejecutar a las personas declaradas culpables de ciertos delitos y más de 30 Estados llevan a cabo anualmente este tipo de homicidios premeditados". En numerosos países, se asegura, que las autoridades secuestran y asesinan a sus propios ciudadanos para lograr sus objetivos. Y añade "en al menos un tercio de las naciones del mundo se tortura y somete a malos tratos a hombres, mujeres y niños".[8] Son inmensos los retos que la solidaridad impone en los umbrales del siglo XXI, frente a una inmensa fila de rostros humanos, víctimas de los conflictos, tanto armados como estructurales, que tendrán cerrada las puertas a una vida feliz.  

            Los niños como barómetro del progreso

            El análisis de la situación de los niños y las niñas puede servir de barómetro para medir los problemas sociales y económicos existentes a nivel mundial. Satisfacer las necesidades básicas de la infancia es el objetivo más apremiante de todas las metas necesarias para alcanzar el desarrollo humano. En los países en desarrollo se han registrado importantes avances en favor de la infancia, en el último decenio se ha salvado a unos 20 millones de personas de la muerte y se han mejorado las condiciones de vida de 100 millones de niños. Sin embargo, cada año casi 13 millones de niños menores de 5 años mueren en todo el mundo a causa de enfermedades que fácilmente se pueden prevenir y de desnutrición. Durante el último decenio, las víctimas infantiles de los conflictos armados se elevaron a 2 millones de muertos, entre 4 y 5 millones de impedidos, 12 millones de niños sin hogar, sin olvidar los millones de huérfanos, los separados de sus familias y los que deben sobrevivir  superando los traumas de la violencia.

             Los niños soldado

            Según el Estado Mundial de la Infancia 1996 de UNICEF, una de las tendencias más deplorables de los últimos años ha sido el creciente reclutamiento de niños y adolescentes como soldados. En 25 países, miles de niños menores de 16 años han participado en las guerras. Sólo  en 1988 fueron 200.000. Se calcula que en entre 1980 y 1988, Angola perdió 330.000 niños y Mozambique 490.000 por causas relacionadas con la guerra. Los niños siempre quedan atrapados en medio de los conflictos, ajenos a la amplia gama de derechos que les garantiza la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989 por las Naciones Unidas y ratificada por 191 países. Este documento se convirtió en el primer instrumento jurídico de derechos humanos de alcance internacional y, al igual que las Convenciones de Ginebra sobre el Derecho Internacional Humanitario, alude de forma específica la situación de la infancia en tiempo de guerra.

      

      El artículo 38 insta a los Estados Partes a respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario que sean pertinentes para el niño, y a que adopten todas las medidas posibles "para asegurar la protección y el cuidado de los niños y niñas afectados por un conflicto armado". Además, se urge a los gobiernos a asegurar que las personas que aún no hayan cumplido los 15 años de edad no participen directamente en las hostilidades. El artículo 39 aborda la necesidad de la recuperación física y psicológica y de la reintegración social de todo niño o niña víctima de los conflictos. Pese al gran volumen de instrumentos legales, el informe antes referido, expresa que lo que falta claramente son los mecanismos y la voluntad de poner en práctica tales normas.

             El trabajo infantil

            La pobreza es la causa principal del trabajo y la explotación infantil. Se calcula que en todo el mundo trabajan 250 millones de niños, la mayoría en circunstancias enormemente perjudiciales para su desarrollo físico, social, emocional y espiritual. Según un informe de la Organización Internacional el Trabajo (OIT), preparado para la Conferencia sobre la Explotación y el Trabajo Infantil celebrada en Oslo en 1997, la pobreza es a la vez causa y consecuencia del trabajo infantil, pues aunque éste contribuye al aumento del ingreso familiar, también impide la subida salarial de los adultos y agudiza el desempleo. El  trabajo infantil es un problema relacionado con la explotación a través de la exclusión social, la desigualdad y la injusticia. La mayoría de estos niños trabajadores pertenecen a los grupos más marginados: emigrantes y refugiados sin papeles, desplazados internos, minorías étnicas y la capas más pobres. Suelen proceder de familias y ambientes donde no hay posibilidad de elección, alternativas, ni respeto por los derechos humanos. En esta situación, las niñas se encuentran más desfavorecidas que  los niños.

            La mejor inversión para el desarrollo en relación con la infancia es permitir a este colectivo un desarrollo integral a través de la educación. El reto de una sociedad plenamente justa es aprender a escuchar y respetar la voz de los niños y las niñas, proporcionar los medios para su perfecto desarrollo, que les protejan contra cualquier injusticia, daño o explotación y permitirles su participación en la solución de los problemas que afectan al conjunto de la población.

            Las niñas y las mujeres: prioridad para el desarrollo

            "Actualmente, en el mundo en desarrollo aprenden a leer y escribir muchos más niños que niñas. En algunos países, dos veces más niños que niñas son llevados a los centros de salud para recibir tratamiento. Los derechos laborales, los derechos en materia de seguridad social, los derechos jurídicos, los derechos de propiedad y hasta las libertades civiles y políticas tienden a depender de un solo, cruel, cromosoma que diferencia a la mujer del hombre", escribió James P. Grant, director ejecutivo de UNICEF, en un informe de 1992.

            Impulsar el consenso y los progresos alcanzados en anteriores conferencias de la ONU, con el objetivo de lograr la igualdad, el desarrollo y la paz, fue uno de los propósitos de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing (China) en septiembre de 1995. Este foro reconoció que la erradicación de la pobreza, basada en el crecimiento económico sostenido, el desarrollo social, la protección del medio ambiente y la justicia social exige la participación de la mujer en pie de igualdad con los hombres, en calidad de agentes y beneficiarias de un desarrollo sostenible centrado en la persona. Sin embargo, como lo reconoció la Plataforma de Acción de Beijing, en muchos países, a pesar de innegables avances, como el acceso a la escuela primaria, las niñas siguen sujetas a profundas discriminaciones, incluso antes de su nacimiento.

            Los conflictos armados, la inestabilidad política, los disturbios civiles, la ocupación militar y otras situaciones perturbadoras infligen particular sufrimiento a las mujeres, en forma de asesinatos, torturas y abusos sexuales sistemáticos, incluidas las violaciones. Según  informes de la ONU, los enfrentamientos bélicos en Centroamérica, Oriente Medio y África dejaron tras de sí numerosas víctimas civiles, con una proporción creciente de mujeres. Además, las mujeres se están convirtiendo cada vez más en blancos concretos de agresión durante las guerras. Se ha constatado que las violaciones sistemáticas en masa (incluidas las violaciones por brigadas o pandillas) y la fecundación forzosa se han utilizado como armas de guerra o de "depuración étnica" en muchas partes del mundo, entre ellas Bangladesh, Camboya, Chipre, Haití, Liberia, Perú, Somalia y Uganda.

            Una misión de comprobación de hechos enviada por la Comunidad Europea estimó que desde que se desencadenaron las hostilidades en Bosnia, en abril de 1992, más de 20.000 mujeres musulmanas fueron víctimas de violaciones. Asimismo, en tiempos de guerra y disturbios, las mujeres tienen mayores probabilidades de ser víctimas de la prostitución involuntaria, a menudo con la complicidad de gobiernos y autoridades militares. Las normas internacionales de derechos humanos y el derecho humanitario, incluidos los convenios de Ginebra, prohiben explícitamente la violencia contra los no combatientes y requieren la protección de las mujeres contra los ataques a su honor, en particular contra la violación, la prostitución forzosa o cualquier forma de agresiones sexuales. En el Tribunal ad hoc para Ruanda se consideró, en dos sentencias dictaminadas en septiembre de 1998, la violación como crimen contra la humanidad. En el Tribunal ad hoc para Ruanda se consideró, en dos sentencias dictaminadas en septiembre de 1998, la violación como crimen contra la humanidad.

Los refugiados: víctimas de la desintegración social

              En Ruanda, en menos de cuatro meses (entre el 6 de abril y finales de julio de 1994), un pequeño y superpoblado país de 8 millones de habitantes, sufrió uno de los colapsos más violentos y de–vastadores de la historia. En el curso de las primeras semanas, hubo cerca de un millón de muertos como resultado de una campaña genocida, aparentemente orquestada. A finales de abril, 50.000 refugiados habían huido a Burundi (que sólo seis meses antes había generado 700.000 refugiados a causa de la guerra),  Uganda y el antiguo Zaire (en la actualidad, República Democrática del Congo). Esta larga marcha hacia la nada, repetida en los conflictos bélicos de la posguerra fría, representa el síntoma extremo de la desintegración social y es el último eslabón en la cadena de causas y efectos, que define la magnitud del colapso social y político de un país.

              En la campaña de Amnistía Internacional titulada "Refugiados: los derechos humanos no tienen fronteras",  se afirma: "todos los días, hombres y mujeres toman la terrible decisión de abandonar su hogar, su comunidad o su país porque tienen  miedo de perder su libertad e incluso su vida. Pocos tienen dinero suficiente para escapar en avión. La mayoría se echan a la carretera a pie, en dirección a la frontera más cercana. Huyen de la guerra, aterrados por la posibilidad de sufrir un ataque o de verse atrapados en el fuego cruzado. Huyen de la persecución, por miedo a la cárcel, la tortura o la ejecución". Diversas estimaciones indican que existen al menos 30 millones de personas desplazadas en el mundo. En total, más de 50 millones de hombres, mujeres y niños los que se han visto obligados a huir de su hogar.[9]

              Si en 1951 la mayoría de los refugiados eran europeos, la mayoría de los refugiados en la actualidad proceden de África y Asia. Los desplazamientos de refugiados, a diferencia del pasado, asumen más la forma de éxodos masivos que de huidas individuales. El 80% de ellos son mujeres y niños, por lo que se agrava aún más su situación. Las causas de los éxodos también se han multiplicado e incluyen desastres naturales y la pobreza extrema. Muchos de los refugiados  no corresponden a la definición contenida en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que hace referencia a las víctimas de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas. Existe una estrecha relación entre el problema de los refugiados y la cuestión de los derechos humanos, cuyas violaciones no  son sólo una de las principales causas de las huidas masivas, sino que también descartan la opción de repatriación voluntaria mientras persistan. A estos problemas se une la indiferencia de la comunidad internacional ante los derechos mínimos de estas poblaciones desarraigadas.

              Pese a los diversos instrumentos jurídicos internacionales existentes, en muchas ocasiones los refugiados en busca de asilo tienen que hacer frente a medidas restrictivas, que les niegan el acceso a lugares seguros o les detienen y les devuelven por la fuerza a lugares donde peligran su vida, su libertad y su seguridad. También sufren  ataques a manos de grupos guerrilleros o agresiones civiles y son reclutados por las Fuerzas Armadas y obligados a luchar en conflictos.

LOS DERECHOS HUMANOS: SALVAGUARDIA DEL FUTURO

      Un informe anual de UNICEF, El Progreso de las Naciones, proclama: "llegará un día en que el progreso de las naciones no se medirá por su poder militar o económico, ni por el esplendor de su capital y sus edificios públicos, sino por el bienestar de sus pueblos: por sus niveles de salud, nutrición y educación; por sus oportunidades de obtener una remuneración digna a cambio de su trabajo; por su capacidad de participación en las decisiones que afectan a su vida; por el respeto de sus libertades civiles y políticas; por la atención dispensada a los más vulnerables y desfavorecidos; y por la protección ofrecida al desarrollo físico y metal de sus niños y niñas". Estas palabras  revelan el espíritu y anhelo de toda la humanidad y puede representar una síntesis del ideal contenido en  los instrumentos de derechos humanos. Estos derechos a lo largo de la historia se han ido revalorizando, constituyendo la salvaguardia de un futuro digno para miles de millones de seres humanos. En un mundo convulsionado por los conflictos armados y estructurales, estos derechos, ejercidos y respetados, encarnados en bienestar y desarrollo humano deberían ser la mejor herencia para las generaciones venideras.

 (frases para intercalar)

-El derecho al desarrollo exige un nuevo orden económico internacional; son necesarios cambios estructurales que afecten a las instituciones económicas internacionales.

-La necesidad de superar la desigualdad Norte-Sur implica el reconocimiento del desarrollo como un derecho de las personas y de los pueblos. Esto tiene importantes implicaciones políticas y económicas.

-Todos los Estados deben promover el establecimiento,mantenimiento y fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales y, con ese fin, deben hacer cuanto esté en su poder para lograr el desarme general y completo bajo control internacional eficaz, así como lograr que los recursos liberados con medidas efectivas de desarme se utilicen para el desarrollo global, en particular de los paísen en desarrollo.

INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES

PARA SABER MÁS:

-         VV. AA., Los conflictos armados: génesis, víctimas y terapias, Seminario de Investigación para la Paz, Centro Pignatelli, Zaragoza, 1997.

-     VV.AA., Los derechos humanos camino hacia la paz, Seminario de Investigación para la Paz, Centro Pignatelli, Zaragoza, 1997.

-         Amnistía Internacional, Informe 1998. Amnistía Internacional/ EDAI, Madrid, 1998.

-         Desarrollo en estados de guerra, Oxfam/CIP/Icaria/Intermón, Madrid 1998.

-         Los derechos humanos en la escuela,1 ,2,3, 4, 5. Cruz Roja Juventud, Madrid 1997